¿Cuánto costó la carretera por la cual transita hoy su vehículo?
¿Cuánto costó la carretera por la cual transita hoy su vehículo? ¿Y cuánto cuesta la comida que recibe el alumnado en las escuelas? ¿Y cuánto y a quién pagó el Estado por la construcción de un nuevo hospital?
En América Latina y el Caribe este tipo de preguntas se hacen con poca frecuencia, y cuando se hacen existe poca información sobre lo que parecen obviedades. El reciente caso que ha expuesto el entramado de Odebrecht –una empresa de construcción con operaciones en toda la región– demuestra que esto es, en parte, debido a la falta de transparencia y análisis de este tipo de información.
El estándar de datos para las contrataciones abiertas, promovido por la Alianza para las Contrataciones Abiertas (OCP, por sus siglas en inglés), es un esfuerzo a nivel global para transparentar quién, cómo y por cuánto dinero contrata el sector público. La lógica detrás de este esfuerzo es que, al lograr estandarizar determinado tipo de información en los contratos públicos en base a determinados casos de uso del gobierno, del sector privado y de la sociedad civil, sumado al uso de las tecnologías web actualmente disponibles, múltiples actores podrán ejercer un mejor y mayor control de la forma en la cuál se gasta el dinero público. De esta forma, el estándar de contrataciones abiertas se asienta en la misma lógica que el movimiento de datos abiertos: la liberación de información en formatos estandarizados permitirá nuevos usos que traigan beneficios sociales y económicos. La lógica del estándar es que cualquier entidad puede adoptarlo, sea pública o privada, de forma descentralizada.
Desde ILDA, decidimos establecer una alianza con OCP a los efectos de lograr tres objetivos clave en América Latina: difusión de información básica y soporte, investigación aplicada para la adecuación del estándar a la región y promoción del uso del estándar al servicio de los objetivos de desarrollo de la región.
A través del servicio de “mesa de ayuda”, un dedicado equipo ha comenzado el trabajo de difusión y asistencia a las entidades que han demostrado voluntad de adoptar el estándar. En estos primeros meses de actividad, la mesa de ayuda ha trabajado con gobiernos nacionales, subnacionales e incluso empresas estatales que han decidido consultar y avanzar en la implementación del estándar. También hemos asistido en algunos procesos de traducción del estándar al español y participado asistiendo a actores de América Latina que utilizan estos datos.
La misión de ILDA en la región siempre ha sido la de crear conocimiento aplicado para que los actores de la región puedan genuinamente aprovechar la revolución de los datos. En alianza con la Red Interamericana de Compras Públicas, desarrollamos una primera evaluación de qué tan preparados se encuentran las unidades de compras públicas en la región para adoptar un estándar de contrataciones públicas. El estudio, de pronta publicación, demostró que en la región existen distintos niveles de preparación y recursos para la adopción del estándar.
Crucialmente, el estudio también aportó a considerar aspectos metodológicos sobre la adopción de estándares, considerando aspectos legales y técnicos de las administraciones. También ILDA espera, junto a otros aliados, entender más acerca de los usos del estándar y los datos de compras públicas en sectores específicos que no fueron contemplados en los casos de diseño del estándar.
Nuestra intuición es que usos específicos del estándar pueden apoyar a reformadores en el sector público, activistas y potencialmente pequeños y medianos empresarios contribuyendo al desarrollo sostenible de la región. Sin embargo, a los efectos de ver cómo esto se desarrolla, necesitamos mejor evidencia, contextualizada a las necesidades de las comunidades de la región.
Finalmente, a pesar que para muchos en esta comunidad la idea de que los contratos deben ser abiertos es casi intuitiva, esta no es la realidad en muchos gobiernos de la región. Se necesita articular un diálogo que permita poner esta agenda informada, que derive en políticas sólidas de contrataciones abiertas en América Latina.
Si solo se considera la cantidad de unidades que realizan compras públicas en América Latina, uno se da cuenta que la dimensión de la tarea es enorme, y que no hay un solo actor que pueda realmente enfrentar este tipo de desafío. Requiere de una acción coordinada, posiblemente a escala regional, pero a su vez con apropiación de los actores locales, si lo que se busca es un cambio sostenido.
Con políticas claras, recursos disponibles, y crucialmente uso adecuado por intermediarios claves, tal vez saber cuanto costó una escuela, un medicamento o un hospital, debiera ser más claro y nuestras discusiones sobre cómo distribuir recursos de forma más justa, más informada.
Foto: Daniel Drosdoff, Colombia. 2002