Participación, inclusión y rendición de cuentas: la agenda de contrataciones abiertas para tiempos de incertidumbre

Los últimos años dejaron clara la importancia de la apertura en la contratación pública para garantizar derechos fundamentales y defender la democracia. Ahora, de cara a la “normalidad”, se presentan desafíos sociales importantes y nuevos retos que requieren un enfoque de datos abiertos y colaboración multiactor para fomentar la generación de valor público y la inclusión social.

Tras tres años sin los encuentros más importantes de América Latina y el Caribe en materia de datos abiertos y contratación pública, finalmente llegaron las ediciones presenciales de AbreLatam, América Abierta y la conferencia anual de la Red Interamericana de Compras Gubernamentales (RICG). Luego del abrazo común y de re-conocernos, pasamos de inmediato a intercambiar lecciones aprendidas del último periodo, compartir visiones sobre los retos y oportunidades de la región para mejorar el gasto público y a forjar nuevas alianzas. Sentí la energía para redoblar los esfuerzos y apoyar a una comunidad regional que continúa creciendo y es cada vez más robusta.

Quiero compartir un breve balance sobre lo que aprendimos y sobre cómo podemos asegurar el progreso y acelerar los resultados regionales en materia de contratación abierta. Hay apuestas que, creemos, deben realizarse para obtener las transformaciones que necesitamos y nos gustaría que este sea un detonante para abrir la conversación al respecto.

1. Avance en la disponibilidad de datos abiertos y estandarizados

Empecemos por una buena noticia. Por muchos años, “transparencia” significó únicamente dar acceso a los documentos del proceso de contratación. Esto ha cambiado paulatinamente, gracias a la adopción de plataformas electrónicas de contratación y a la incidencia persistente de sociedad civil de la región para abrir los datos. Como muestran los resultados del Barómetro de las Américas, América Latina tiene una buena disponibilidad de información de datos de compras públicas. De los 23 países de la región analizados, 14 (60%) publican datos de compras públicas en formatos legibles por máquina. De esos, 12 publican datos de acuerdo al Estándar de Datos para las Contrataciones Abiertas (OCDS). Es decir, más de la mitad de la población de América Latina tiene acceso a datos abiertos y estandarizados sobre cómo se está gastando el dinero público. 

Contar con una mayoría inicial de países que publican datos abiertos ha ayudado a superar el escepticismo y los mitos en contra del valor de la apertura en la contratación pública. El avance en la agenda de transparencia nos ha permitido enfocarnos en mejorar la calidad y la confiabilidad de los datos. Desde OCP, hemos privilegiado un enfoque guiado a mejorar la calidad de los datos ofreciendo guías para dar paso a mejoras iterativas de la información publicada. También, en Abrelatam, hicimos un primer lanzamiento del Registro de Datos de todos los publicados de OCDS en el mundo. 

A pesar de estos avances, no podemos dejar de reconocer que siguen existiendo grandes retos en materia de apertura que limitan la participación y la vigilancia ciudadana. Estamos ante una caja negra que sigue sin abrir y de la que se habla poco. Hay enormes partes del proceso que no pasan por los sistemas electrónicos de contratación. Estas malas prácticas fueron exacerbadas por la crisis del COVID, durante la cual los gobiernos se dieron licencia para no publicar contratos de las compras de emergencia. Sin datos, la ciudadanía no ha podido saber cómo se ha ejecutado el gasto.

También hay otros retos en materia de calidad de datos. Pocas publicaciones ofrecen una visión completa del ciclo completo de la contratación pública. Por ejemplo, con frecuencia se puede encontrar el valor de adjudicación de un contrato, pero hay poca información sobre el presupuesto original o las adendas o modificaciones durante la ejecución. De igual manera, sigue siendo difícil enlazar esos procesos de contratación con otros conjuntos de datos en temas clave, como bancos de proyectos o beneficiarios finales. 

2. El poder de los datos

La mayor disponibilidad de datos ha ayudado a elevar a un nivel más estratégico a la contratación pública en el diseño y ejecución de políticas públicas. 

El estándar OCDS no es más que una herramienta para transformar el gasto público. Una mejor noticia es que los países que han avanzado más en la adopción del estándar son también los que muestran mejores resultados en materia de uso de datos (una de las dimensiones que mide el Barómetro de las Américas). Con ello, hemos visto más instancias en las que las contrataciones abiertas han tenido un impacto cuantificable en mejorar la calidad del gasto, reducir la corrupción o aumentar la inclusión de sectores tradicionalmente excluidos de la economía. 

Esto ha significado tomar una distancia saludable de la fiebre por el desarrollo de herramientas. Nuestra comunidad entiende que el avance tecnológico no es una cura mágica contra la corrupción y los otros males que afectan a la contratación pública. La clave está en desarrollar proyectos que logren reformar sistemas para solucionar problemas concretos en la prestación de servicios públicos. 

Entre otros, hemos visto ejemplos valiosos como el de Colombia para vincular a las empresas lideradas por mujeres en las compras públicas. En Buenos Aires, ACIJ se ha aliado con vecinos para garantizar el acceso a las obras públicas en barrios marginales. En Ecuador, la Fundación Ciudadanía y Desarrollo está aprovechando la reciente publicación de datos para generar herramientas e iniciativas para identificar y mitigar riesgos de corrupción.  En la Ciudad de México, el Gobierno supo escuchar al sector privado para aumentar al doble su red de bicicletas públicas por la mitad del precio. 

3. La integración regional está viva

A partir de la Cumbre de las Américas del pasado julio hay un impulso a la agenda, adelantada desde la sociedad civil, sobre los mandatos que hay que adoptar en materia de adquisiciones públicas –que van en línea con solucionar algunos de los problemas con los datos que mencioné líneas arriba– y fortalecer a las instituciones asociadas a este trabajo. De una manera tímida, muchos gobiernos han retomado esa agenda, la cual ha tenido resonancia en los organismos multilaterales.

Foros como América Abierta o la conferencia de la RICG son necesarios y útiles para hacer incidencia en el ámbito regional. El papel de organizaciones multilaterales, como la Alianza para el Gobierno Abierto o la Organización de los Estados Americanos, importa en una coyuntura en la que el multilateralismo debe defender principios democráticos y promover la rendición de cuentas. 

Es claro que un actor no puede ser el único promotor  de la contratación abierta. Hemos visto resultados contundentes gracias a la colaboración de gobiernos locales y nacionales con periodistas y organizaciones de la sociedad civil. Varias agencias de compra de la región están apostando por la innovación y también lo hacen organizaciones de la sociedad civil con alcance regional, como nuestros colegas de ILDA, y organizaciones de tecnología cívica, como el Centro de Desarrollo Sostenible en Paraguay o Datasketch en Colombia.

Las instituciones financieras internacionales tienen un rol clave en el ecosistema para lograr avances en la agenda de contratación abierta. A través de iniciativas como Mapainversiones y con el fortalecimiento de la transparencia y apertura de los sistemas nacionales de compras públicas, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha logrado acelerar la divulgación de información. El Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) está impulsando el ecosistema de emprendimiento, la digitalización y la inteligencia artificial como iniciativas efectivas para combatir la ineficiencia y la corrupción en el gasto público. Los compromisos de gobiernos ante el Fondo Monetario Internacional también han logrado elevar el trabajo de la sociedad civil local en materia de contratación abierta y beneficiarios finales. 

Las nuevas apuestas

Ha sido grato constatar en estos encuentros que la agenda regional está alineada con lo que hemos venido impulsando desde OCP. Lo resumimos en:

→ Monitoreo cívico. Rara vez la transparencia por sí misma trae rendición de cuentas. De poco sirve la vigilancia ciudadana del gasto público si no se toman en serio las denuncias y recomendaciones. Hoy en día, buena parte de las denuncias y medidas correctivas sobre malas prácticas ocurren cuando se han perdido grandes sumas de dinero. Necesitamos sistemas que permitan dar retroalimentación oportuna y accionable sobre fallas desde que inicia el proceso. En Paraguay, nos hemos aliado con la Asociación de Emprendedores para permitir que las pequeñas y medianas empresas muestren en tiempo real qué puede estar saliendo mal en un proceso de contratación para que las unidades compradoras sientan la necesidad de mejorarlo. 

→ Compras públicas socialmente responsables y sostenibles.  El sistema de compras públicas debe ser reflejo de los sistemas económicos que queremos construir. Urge lograr que las compras públicas sean un vehículo efectivo para la inclusión. Eso implica, por una parte, lograr la participación y empoderamiento de grupos tradicionalmente marginados del sistema económico y de las compras públicas. Por otra, los procesos de contratación deben estar diseñados para asegurar derechos, reducir la desigualdad, fomentar las compras verdes y generar procesos de adaptación incluyentes frente a la emergencia climática.

→ Transformación digital para rendir cuentas. Muchos gobiernos de América Latina están adoptando sistemas electrónicos de contratación pública. En el pasado, en varias regiones del mundo, muchos gobiernos han tenido problemas en la adquisición, desarrollo y adopción de estos sistemas a pesar de invertir millones de dólares. La clave es contar con sistemas que estén diseñados para efectivamente rendir cuentas, haciendo reingeniería de procesos y pensando, desde el comienzo, en las necesidades funcionales de la información. No basta solamente con aparentar transparencia al pasar del papel a plataformas electrónicas. 

América Latina sigue enfrentando una persistente polarización política que amenaza los sistemas democráticos y retos crecientes en materia económica. El futuro de la región está atado a proteger espacios que garanticen la participación ciudadana y la rendición de cuentas. 

En estos últimos años aprendimos que es imposible enfrentar los retos más álgidos de la región sin datos abiertos que guíen la ejecución del gasto público y faciliten la colaboración entre gobiernos y sociedad civil. Ahora, urge tomar esas lecciones aprendidas para poner los datos en acción y mejorar radicalmente la efectividad e inclusión del gasto público.