Las reformas en las contrataciones basadas en datos impulsan un aumento de la competencia en Colombia
En abril, mientras la mitad de la población mundial estaba en cuarentena por la crisis del coronavirus, la directora del FMI, Kristalina Georgieva emitió un mensaje sombrío: debemos prepararnos para «el peor desastre económico desde la Gran Depresión».
No había duda de que el 2020 sería excepcionalmente difícil y el camino hacia la recuperación era incierto, también dijo Georgieva. «Todo depende de las acciones políticas que tomemos ahora».
Para los gobiernos que se enfrentan a la pregunta sobre cómo reiniciar la economía, la contratación pública podría ofrecer una respuesta como una herramienta poderosa para promover el crecimiento. Normalmente la contratación pública es el mercado más grande de un país: uno de cada tres dólares es gastado por el sector público. Por lo tanto, las compras públicas podrían ayudar a reconstruir los sectores más afectados, como el de las pequeñas empresas, y ser una oportunidad para construir una economía más inclusiva. Sin embargo, para tener un impacto generalizado, el mercado debe ser competitivo y estar abierto a una amplia gama de proveedores, no solo a unos pocos privilegiados.
Colombia, como la mayoría de los países, se enfrenta con bajos niveles de competencia en la contratación pública. Las autoridades compran la mayoría de los bienes, obras y servicios a través de contratos directos, particularmente los gobiernos locales, lo que los hace vulnerables a ineficiencias significativas en la asignación de recursos. No obstante, una porción del mercado de compra pública en Colombia se ha vuelto mucho más competitiva después de adoptar un enfoque radicalmente más transparente, conocido como contrataciones abiertas. Este se basa en un análisis de datos avanzado y la participación activa de los distintos actores del sistema de compra pública para desarrollar estrategias y regulaciones con evidencia basada en datos.
El gobierno colombiano, junto con varios gobiernos subnacionales, han introducido una gran variedad de medidas para mejorar la competencia y fomentar el desarrollo económico. Estas medidas incluyen nueva normativa, programas de participación para proveedores y apoyo a veedores de la sociedad civil. Estos esfuerzos se complementan con el sistema de adquisición electrónica más nuevo del país (SECOP II), que actúa como una herramienta para promover la integridad y la eficiencia en el proceso de adquisición y como una herramienta de monitoreo de desempeño de alta calidad.
Entre las entidades compradoras que utilizan el sistema SECOP II, hubo una disminución del 6% en los contratos directos a favor de las adjudicaciones competitivas el año pasado. Entre las agencias nacionales, hubo un aumento del 17% en el número promedio de proponentes, superando ampliamente el objetivo del gobierno del 5%. Claramente queda un largo camino por recorrer, pues sólo alrededor del 50% de todo el mercado de compra pública utiliza el sistema SECOP II. Sin embargo, el plan del gobierno nacional es que este enfoque, y el sistema transaccional de contratación, sea implementado en todas las entidades para 2022. Para aquellos que se toman en serio la igualdad de condiciones para los negocios y la creación de una economía más inclusiva, existe evidencia de que este enfoque de contrataciones abiertas y el uso del sistema transaccional funciona. Las licitaciones abiertas registraron un aumento del 21% en el número promedio de proponentes el año pasado, haciendo que las compras realizadas con esta modalidad de contratación sean particularmente exitosas.
Convocatoria pública para promover cambios
Un catalizador importante para estas reformas fue la creciente demanda por una mayor rendición de cuentas por parte del gobierno y medidas más contundentes para combatir la corrupción por parte de los colombianos, tras una serie de casos reconocidos que revelaron los graves problemas de corrupción que sufre Colombia. Muchos de los escándalos dejaron al descubierto un sistema de clientelismo y prácticas de “pagar para participar” (pay to play), o en la jerga común, CVY (“cómo voy yo”) en la adjudicación de contratos públicos. Algunos ejemplos de esto son los sobornos que pagó la empresa brasileña Odebrecht para obtener proyectos de construcción y la malversación en los programas de alimentación escolar en todo el país.
En agosto de 2018, más de 11 millones de colombianos votaron en una consulta popular emblemática contra la corrupción, que, entre las siete modificaciones propuestas, incluía establecer normas claras para las ofertas en todos los contratos públicos. Se presentaron a la consulta alrededor de 500.000 personas menos de los 12,1 millones de votos requeridos para que la medida adquiriera carácter vinculante y tuviera que ser tratada en el Congreso. No obstante, muchos activistas contra la corrupción consideraron esta votación como una victoria: con más del 99 % de los votantes a favor de las medidas, la sociedad colombiana se había movilizado para rechazar la corrupción con un nivel de participación superior al logrado en la elección presidencial celebrada anteriormente ese mismo año.
“Aunque la votación no haya sido vinculante desde el punto de vista jurídico, sí lo es desde el punto de vista político”, señaló Andrés Hernández, director de la organización anticorrupción Transparencia Por Colombia en una entrevista para KickBack – the Global Anticorruption Podcast. El plebiscito generó la expectativa pública de que los legisladores adoptaran estas medidas. Si bien las reformas quedaron frenadas en el Congreso, una serie de protestas recientes imprimieron nueva fuerza a los proyectos de ley y el Congreso aprobó medidas tendientes a adoptar “pliegos tipo” para las licitaciones públicas en junio de 2020.
Medir para administrar
En un contexto de reclamos públicos para combatir la corrupción, la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente (CCE) trabajó en la creación de mecanismos más sólidos para prevenir y detectar la corrupción, así como también para generar incentivos que acercaran a nuevas empresas al mercado de las contrataciones públicas. En su plan de acción de 2019, la agencia planteó como una meta fundamental mejorar la competencia, un indicador que goza de amplia aceptación entre los economistas por su correlación con menores niveles de corrupción.
“La competencia económica incentiva el aumento de la calidad, la reducción de precios, la innovación privada y la transparencia en los procesos de adquisición de bienes y servicios. En este sentido, una mayor pluralidad de oferentes mejora significativamente la probabilidad de la Entidad Estatal contratante de obtener valor por dinero en sus procesos de compra. Adicionalmente, la rivalidad entre los agentes económicos hace más costosos los esquemas de corrupción y colusión en compras públicas al aumentar la veeduría y el interés en el seguimiento de cada actuación de la entidad responsable”, señaló el director general de CCEE, José Andrés O’Meara Riveira.
CCE desarrolló un programa para calcular y hacer un seguimiento periódico de la competencia – una métrica que sólo algunas de las entidades de contrataciones abiertas en el mundo publican con regularidad. También introdujo programas de capacitación e incentivos para que las direcciones de contratación de las entidades locales mejoren su desempeño, publicó una guía para profesionales de las contrataciones públicas sobre cómo estructurar licitaciones competitivas, y divulgó informes mensuales para comunicar sus avances al público en general.
Muchas de estas iniciativas se basaron en análisis de datos avanzados que se hicieron posibles gracias al sofisticado sistema de datos para contrataciones públicas con que cuenta Colombia. Por ejemplo, la cantidad de oferentes por licitación, que es una métrica de competencia común, puede calcularse en tiempo real utilizando una herramienta de inteligencia de negocios vinculada con el sistema de datos.
La publicación periódica de un ranking de cada entidad de contratación en función del número de oferentes estimula a los organismos públicos a mejorar su puntuación. También ayuda a los proveedores a identificar los mercados más competitivos y es utilizado por las autoridades para detectar áreas no competitivas donde podría ser necesario establecer mayor seguimiento y contrapesos a través de reglamentaciones y otros instrumentos estratégicos.
Las direcciones de contratación de Colombia usan, desde hace mucho tiempo, un sistema de contratación electrónica (el organismo de contratación pública lanzó la plataforma SECOP I en 2007). Sin embargo, la nueva plataforma completamente transaccional de contratación electrónica, SECOP II, ha hecho que recopilar, compartir y analizar información sobre contrataciones sea un proceso mucho más rápido y preciso. Si bien los datos de SECOP I y del SECOP II se publican como un conjunto de datos abiertos a través de la plataforma de datos abiertos de Colombia en bases separadas, estos datos también están consolidados en el Estándar de Datos para las Contrataciones Abiertas (EDCA y OCDS por sus siglas en inglés), un formato abierto, estandarizado y reutilizable, que se puede acceder a través de una API. También presenta un módulo de subasta inversa que permite a las entidades contratantes realizar procedimientos competitivos a través de un sistema transparente y seguro. Otro sistema transaccional, la Tienda Virtual, se utiliza para acuerdos marco y demás instrumentos de agregación de demanda, con sus datos publicados también en formato OCDS.
La herramienta SECOP II, que se lanzó en 2015, está siendo adoptada gradualmente como plataforma principal por entidades gubernamentales nacionales y locales. Según datos de CCE, en 2020, aproximadamente el 50 % del total de procedimientos de contratación en Colombia se han realizado a través de SECOP II, lo cual incluye la totalidad de las contrataciones del gobierno central y de los gobiernos subnacionales de mayor envergadura. CCE espera que, para el año 2022, todas las entidades hayan adoptado el sistema.
Cambio en la competencia entre 2018 y 2019
Según un análisis de los datos de SECOP II en el formato del Estándar de Datos para las Contrataciones Abiertas, llevado a cabo por Open Contracting Partnership, la competencia aumentó significativamente en Colombia el año pasado, tanto a nivel nacional como en algunas regiones. Hubo una reducción de las adjudicaciones directas, que se expresó con una disminución del 77 % en 2018 al 71 % en 2019 (la proporción de contrataciones directas es alta pues incluye los contratos que normalmente no son considerados como contratación pública, como los contratos de prestación de servicios de servidores públicos). La proporción de licitaciones con un solo oferente disminuyó para la mayoría de las entidades (65 %), y una pequeña proporción de las entidades (15 %) mejoró en las cuatro métricas de competencia elegidas para el análisis.
En cerca de un tercio de las entidades (36 %), se observaron menos licitaciones con un solo oferente y un incremento en el número promedio de ofertas por licitación. En la mayoría de estas entidades hubo un aumento de participantes que presentaban su primera oferta, lo cual sugiere que nuevas empresas y personas físicas ingresaron al mercado por primera vez, y casi la mitad de esas entidades (49 %) adjudicaron los contratos a un grupo más numeroso de proveedores.
Para todas las licitaciones y subastas públicas adjudicadas por organismos del gobierno nacional, el número promedio de oferentes por licitación aumentó en un 17 % (del 3 al 3,5), con lo cual se superó el objetivo oficial del 5 % que había establecido CCE.
En Bogotá, la capital y el único gobierno subnacional con un número significativo de entidades utilizando la plataforma del SECOP II, el número promedio de oferentes por licitación aumentó en un 8 %.
En el caso de las licitaciones que usan el método de contratación de “licitación pública” o “licitación pública de obra pública”, el incremento fue del 21 % (8,1 oferentes por licitación en promedio en 2019, lo cual representa un aumento respecto del 6,7 del año anterior).
En octubre de 2018, se creó un nuevo método de contratación; la licitación pública de obra pública, que es un procedimiento competitivo adaptado a las necesidades del sector, particularmente para mitigar los riesgos de corrupción y de sobretiempos. Entre las nuevas normas de este procedimiento, está el uso de pliegos tipo, y los precios de los oferentes son subidos de manera separada del resto de los documentos de la oferta, sólo siendo publicados en el momento de la subasta. También incluye guías para calcular la capacidad de los oferentes para cumplir con el contrato, y determinar los reembolsos apropiados si el proceso es declarado desierto.
Para acceder a un análisis más detallado de las métricas de competencia, consulte las conclusiones de OCP.
Caso de estudio: obras de transporte público
Las obras públicas son un sector en el que los datos abiertos han impulsado la creación de mejores políticas y herramientas de contratación. La baja competencia ha sido un problema tan significativo en este sector de alto valor y alto riesgo, que la Sociedad Colombiana de Ingenieros dijo que «contratista» se había convertido en sinónimo de corrupción. Una investigación encargada por el Banco Interamericano de Desarrollo que examinó los contratos de infraestructura de 2014 a 2019 encontró que los contratos multimillonarios para construcción de carreteras tenían una alta concentración de proveedores, y las modificaciones al valor y a las cláusulas de los contratos eran comunes.
En abril de 2019, se introdujeron documentos tipo para licitaciones de obras de transporte público para todas las entidades a nivel nacional y subnacional. Estos documentos tipo se adoptaron con base en la experiencia del gobierno central y las recomendaciones de la Sociedad Colombiana de Ingenieros y la Cámara Colombiana de Infraestructura que estaban preocupadas por la prevalencia de las adjudicaciones de ofertas únicas y las especificaciones del contrato adaptadas para favorecer a proveedores particulares. El diseño de las plantillas se basó en datos, como análisis de mercado y perfiles de riesgo apropiados de proveedores, entre otros. (Lea más sobre estas reformas aquí).
Según las cifras del sistema SECOP II, la proporción de licitaciones de oferta única para obras viales que utilizan licitaciones abiertas disminuyó del 17% al 12% en 2019, mientras que la proporción de licitaciones con más de 4 ofertas aumentó al 68%, en comparación con 57 % el año previo.
Los gobiernos subnacionales han informado un aumento en la competencia después de adoptar las plantillas también. Por ejemplo, el Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca (Instituto de Infraestructura y Concesiones) aumentó su número medio de licitadores en 9,5 en 2019, según el análisis de OCP, el mayor aumento para cualquier agencia que use SECOP II. Al momento de la publicación, OCP no pudo verificar qué políticas específicas y el uso de datos causaron este crecimiento en la competencia en Cundinamarca.
En su última revisión de los contratos municipales de infraestructura vial, la Sociedad de Ingenieros descubrió que el volumen de adjudicaciones en los seis meses posteriores a la introducción de las especificaciones estándar era demasiado pequeño para llegar a una conclusión sobre si condujeron a un aumento en la participación de los licitadores, pero sugirió un número creciente de participantes en el mercado de abril a agosto de 2019, y ocho departamentos mostraron un aumento en el número de postores en comparación con 2018.
Sin embargo, se necesita hacer más para capacitar e integrar nuevos actores y negocios dirigidos por mujeres, y romper las redes establecidas, dicen los expertos en adquisiciones.
En junio, se aprobó un proyecto de ley en el Congreso que exige plantillas para otros sectores además de las obras públicas. Pero el retroceso político podría hacer que la introducción de las plantillas en la práctica sea una batalla cuesta arriba. El éxito de las plantillas también ha inspirado a Bogotá a usar sus propias plantillas para otros sectores para agencias dentro de la ciudad (alcaldías locales).
Agregar la demanda
Los datos no solo resultan útiles para identificar la competencia, sino que, además, los funcionarios a cargo de las contrataciones pueden usar el sistema de datos para hacer que los procesos de contratación sean, efectivamente, más competitivos. Pueden agregar, de manera más sencilla, la demanda de compras comunes, como los artículos de papelería, a fin de ahorrar dinero y negociar mejores condiciones a través de economías de escala.
Utilizar un sistema sofisticado de contratación electrónica permite a los organismos públicos administrar procedimientos de contratación complejos que son más competitivos que otros métodos como las subastas de menor precio o las adjudicaciones directas. Por ejemplo, ante el impacto de la pandemia de coronavirus, Colombia puso en funcionamiento un acuerdo marco para las compras de equipos de protección personal, que permitió contratar un grupo de proveedores y establecer condiciones generales y precios máximos, mientras que las cantidades y precios finales podrían determinarse al realizar una orden de compra.
Una ventaja de los acuerdos marco es que, si un proveedor no puede cumplir con la orden de compra o tiene un problema de logística, otro proveedor puede asumir su función. Esto equilibra una situación en la cual los proveedores tienen tanto poder de negociación que pueden fijar sus propios precios y condiciones, a sabiendas de que el comprador no podrá negarse a satisfacerlas porque eso implicaría que los trabajadores de la salud no podrían protegerse contra una infección.
Se lanzó una convocatoria abierta para potenciales proveedores del país, lo cual permitió que empresas que nunca habían trabajado con el gobierno se incorporen al mercado público. En total, 188 proveedores firmaron el acuerdo y este se extendió para cubrir las áreas de tecnología, ampliación de hospitales y equipos biomédicos. En función de esta experiencia, se crearon otros dos acuerdos marco para servicios de limpieza y asistencia a comunidades vulnerables. Cualquier persona que desee hacer un seguimiento de las compras y contrataciones relacionadas con el coronavirus en Colombia puede hacerlo a través de una herramienta de control ciudadano desarrollada por CCE. Estas medidas son los primeros pasos en el sentido correcto, y podrían perfeccionarse aún más si el abordaje con acuerdos marco se extendiera a insumos cuya coordinación será más urgente e importante a medida que sigan aumentando los casos, como por ejemplo, los respiradores. La herramienta de monitoreo también podría mejorarse identificando procedimientos específicamente relacionados con la pandemia (no cualquier contrato de emergencia), y mejorando las visualizaciones de datos.
“Al disponer de una base de proveedores más amplia para responder a la emergencia del coronavirus, contamos con más información sobre precios, calidad y alternativas de insumos en un mercado con marcadas distorsiones, asimetrías en la información, presiones de demanda y ruptura de las cadenas de suministros internacionales. Por este motivo, la diversidad permite realizar compras que redundan en una mejor relación costo-beneficio”, señaló José Andrés O’Meara Rivera, Director de CCE.
Ejemplo de gobierno local: Cali utiliza la contratación abierta para crear puestos de trabajo destinados a madres cabeza de hogar
Luz Adriana Vásquez lideró el departamento de contratación pública en Cali que inició las reformas de contrataciones abiertas.
Los datos contribuyen a mejorar la toma de decisiones internas del gobierno, y también son un elemento de inmenso valor en estrategias más generales de gobierno abierto orientadas a conectar a proveedores y beneficiarios de contratos, y para empoderar a los funcionarios responsables de la contratación para que brinden mejores respuestas a las necesidades de estos grupos. La ciudad de Cali es un lugar donde este enfoque parece haber funcionado particularmente bien. En enero de 2017, se creó el Departamento Administrativo de Contratación Pública, con lo cual la contratación adquirió un mayor rango como función del gobierno. Se adoptaron nuevas estrategias orientadas a mejorar las oportunidades para los contratistas, que implicó la introducción de reformas institucionales y reglamentarias. Desarrollaron un nuevo sistema que dio prioridad a la contratación de alta calidad por sobre los informes y el control, realizaron la transición a la plataforma SECOP II y capacitaron a más de 500 proveedores en el uso de herramientas de datos como el buscador de oportunidades para obtener información sobre futuros contratos. Más de 700 empresarios, emprendedores y ciudadanos asistieron a la feria de contratación organizada por la alcaldía en septiembre de 2019. En la actualidad, los proveedores son invitados en forma periódica a hablar con las autoridades municipales, y los funcionarios responsables de la contratación han adquirido habilidades técnicas y han recibido capacitación para transformarse en “compradores conscientes”; es decir, capaces de ver cómo cada acción que llevan adelante cambia la vida de las personas.
La transparencia y la actitud de apertura también se incorporaron a la estrategia de contratación de la ciudad.
“[Los proveedores] tienen que quitarse de la cabeza que tienen que tener un padrino para ganarse una licitación, que tienen que ‘dar ají’ para que les compren sus servicios. Eso ha cambiado y estamos garantizando que los procesos sean transparentes y abiertos a todo el mundo”, señaló el entonces alcalde de Cali, Maurice Armitage, en una conferencia de prensa el año pasado.
La alcaldía avaló la contratación pública como una herramienta de progreso social. En una decisión totalmente innovadora, el gobierno aprobó un decreto para incluir una “cláusula social” en algunos de los contratos municipales, por la cual se exige que al menos el 10 % de los empleados de un proveedor sean mujeres cabeza de hogar. Esto permitiría que se creen empleos para las mujeres en sectores que, tradicionalmente, han estado dominados por hombres, como la seguridad, los servicios tecnológicos y el mantenimiento de inmuebles.
Diseñar mejores acuerdos y asegurar su cumplimiento
Los funcionarios responsables de las contrataciones también pueden utilizar los datos, en las etapas de planificación y licitación, para prever necesidades y definir las mejores especificaciones técnicas y, en la etapa de adjudicación, para evaluar los antecedentes de un proveedor. Pueden estudiar la cadena de valor completa de un elemento en particular y podrían optar por separar partes del proceso, como la producción y la distribución.
Los proveedores pueden utilizar el sistema para obtener información sobre futuras licitaciones y requerimientos específicos de los contratos que les interesan, como también para verificar el desempeño anterior de las entidades de contratación, con el objeto de identificar socios confiables.
CCE ha desarrollado herramientas para ayudar a los proveedores en sus procesos de toma de decisiones teniendo en cuenta los sectores que requieren prioridad. Este tablero de control, por ejemplo, analiza los procesos de contratación según los sectores y las categorías de bienes y servicios.
CCE cuenta con un departamento totalmente dedicado a elaborar pautas basadas en evidencias y recomendaciones destinadas a las directivas de CCE y a otras partes que se apoyan en la Agencia Nacional de Contratación Pública para tomar decisiones. Creada en octubre de 2019, la Subdirección de Estudios de Mercado y Abastecimiento Estratégico utiliza datos abiertos del sistema de contratación electrónica y otras fuentes para aplicarlos a la gestión de metodologías de aprovisionamiento estratégico, monitoreo de mercado, proyectos innovadores y programas de análisis de datos. El objetivo que se persigue es alinear las actividades de contratación del país con las políticas públicas y prioridades generales del gobierno. CCE ha utilizado datos de contrataciones para aplicarlos a la definición de políticas como la estructuración de acuerdos marco, estableciendo un orden de prioridad entre los sectores que deben adoptar documentos estandarizados para las licitaciones, implementando el programa para que las entidades que realizan contrataciones adopten las nuevas plataformas transaccionales (SECOP II y la Tienda Virtual) y desarrollando herramientas para el monitoreo ciudadano.
Los gobiernos regionales y locales pueden ingresar los datos del sistema de contratación electrónica en las herramientas personalizadas más acordes a sus necesidades y utilizar la información para diseñar políticas más eficaces a nivel local; por ejemplo, este minitablero de control del gobierno subnacional de Nariño, que utiliza datos de SECOP I. La plataforma muestra datos pormenorizados, en tiempo real, sobre presupuestos, contratos y gastos para las entidades departamentales, a través de tablas y gráficos interactivos. Para Caldas, se ha creado un tablero de control similar, que utiliza datos de SECOP II. La plataforma transaccional más nueva cubre una mayor variedad de campos de datos, lo cual ofrece a los organismos más opciones de análisis que se pueden llevar a cabo.
Ejemplo de gobierno local: Caldas alienta la transparencia y el análisis constructivo por parte de los medios y la sociedad civil
En Caldas, se produjo un incremento de los procesos competitivos (en comparación con la contratación directa) después de los talleres realizados por OCP con el apoyo del UK Prosperity Fund. A través de entrevistas cualitativas, sabemos que existe una iniciativa impulsada por la Gobernación para realizar más procesos competitivos, y que después de los talleres, ha aumentado el interés en mejorar la calidad de los datos, especialmente al cargar la información.
Caldas comenzó a llevar a cabo sus procesos competitivos en la plataforma transaccional SECOP II en 2019. Esto mejoró la calidad de la información publicada y generó ahorros para el gobierno y los proveedores. Pasaron de tener 53 procesos digitales por un valor de $ 2,8 millones en 2018 a contar con 209 procesos por un valor de $ 52,8 millones en 2019, según cifras de la Gobernación de Caldas.
La funcionaria responsable de la contratación abierta, Yamile Uribe, señaló a OCP que los proveedores podían ofrecer más bienes y servicios en los contratos porque ya no necesitaban pagar los favores políticos. Por ejemplo, un proveedor contratado para crear un parque reinvirtió el dinero ahorrado para construir un parque de juegos.
Los defensores locales de la transparencia y la rendición de cuentas han ayudado a poner la contratación en la agenda pública. En 2016, el periódico local, La Patria, se asoció con la organización de la sociedad civil Corporación Cívica de Caldas para monitorear las contrataciones del departamento. El periódico publica el análisis en una sección regular titulada Lupa a la contratación, junto con consejos para ciudadanos sobre cómo hallar datos sobre las contrataciones públicas. Sus informes analizan temas tales como el gasto relacionado con la COVID-19, la tendencia creciente a las contrataciones directas, excedentes de costos en proyectos de obras públicas y recomendaciones de ofertas. Estos puntos se han analizado con el gobierno para alentar a que se realicen modificaciones concretas.
Ese diálogo constructivo ayuda al gobierno de Caldas a comprender los riesgos que puede entrañar la contratación pública, así como también los éxitos logrados, y a mitigar los riesgos de corrupción, señala Camilo Vallejo, gerente de la Corporación Cívica de Caldas (CCC). Además, agrega que el trabajo de su organización se ha tornado más fácil desde que el gobierno adoptó un abordaje de datos abiertos, dado que ya no tenían que procesar los datos manualmente. El alcalde de Manizales, la capital del departamento de Caldas, motivó la transición al SECOP II y el uso de datos después de evidenciar los resultados que han tenido para la gobernación de Caldas. Cuando empezó la pandemia, el gobierno de Manizales decidió inmediatamente publicar los detalles sobre lo que estaban comprando para responder a la emergencia, cuándo y a quién, por cuenta propia y sin necesidad de presión por parte de la CCC, dice Vallejo.
Contar con datos permite que esta organización muestre hechos, y no opiniones, al referirse a los problemas que plantea la contratación en un contexto en el que se suele acusar de partidismo a las organizaciones de la sociedad civil. No obstante, aún queda mucho por hacer para garantizar la calidad y la exhaustividad de los datos. Por ejemplo, la CCC ha reportado casos en los que los funcionarios de gobiernos locales intentan engañar al sistema subiendo PDFs en blanco en vez de los documentos de estudios sectoriales obligatorios para los contratos.
“Debe haber sanciones para los funcionarios públicos que no tomen con seriedad la calidad de los datos,” dice.
“Los datos públicos llegaron para quedarse”
Esta es solo una breve reseña de los cambios positivos que se produjeron a partir de que Colombia adoptó reformas en materia de contratación abierta. Estas reformas incluyeron la publicación transparente de datos sobre contratación oportunos y accesibles para el usuario, y el empleo generalizado de estos datos por numerosas entidades gubernamentales y organizaciones no gubernamentales para definir las políticas públicas y otras decisiones.
Se puede decir que el crecimiento en la competencia es el indicador más visible de la influencia de estos cambios. La respuesta a la pandemia ha demostrado que lleva tiempo desarticular las redes locales de clientelismo que se encuentran enquistadas, especialmente a nivel local. Es necesario aumentar las inversiones para ampliar el uso de la plataforma de contratación SECOP II, que ofrece mayor transparencia. No obstante, la nueva cultura de transparencia en torno a los contratos públicos es otro cambio importante que no debería subestimarse, particularmente tras una crisis global sin precedentes. Camilo Vallejo lo describe bien en un reciente artículo de opinión en la publicación La Patria:
“‘El coronavirus llegó para quedarse’, ‘el tapabocas llegó para quedarse’. Frases que se repiten como mantra y cliché para estos días… Pues yo propongo una adicional: ‘Los datos públicos llegaron para quedarse’. … En medio de las preocupaciones por la emergencia, la veeduría con datos, el periodismo con datos, la política con datos, las discusiones en redes con datos, van alcanzando un mejor lugar en la opinión pública.
En democracia, no existe mayor desafío para las élites políticas que un pueblo informado y que informa. Es el ánimo que impulsa hoy la lucha por la transparencia de los datos, que no es más que otro capítulo en la lucha contra la corrupción: tener ciudadanos y ciudadanas que conocen datos públicos y los usan. Para construir debates más sólidos ante la opinión pública y ante los procesos de responsabilidad contra los gobernantes”
* hover cursor over asterisk symbols in the text for additional notes
