Periodismo fiscalizador: El impacto del monitoreo continuo de Plaza Pública

¿Una publicación tiene consecuencias? El proyecto de monitoreo de compras de emergencia del medio guatemalteco Plaza Pública logró -a través de la constancia en el monitoreo de las compras de emergencia- impactos como cadena de reacción: medidas para corregir los problemas en las adjudicaciones de Salud, suspensión de contratos con fallas o conflictos de interés e investigación de las personas responsables.

“Si lees las noticias, no son la gran cosa. Algunas apenas tienen cuatro párrafos”, así habla Pavel Vega, el periodista encargado de este proyecto, “Compras de Calamidad”, una idea sencilla que fue creciendo más de lo esperado. La propuesta: Una misma noticia actualizada constantemente describiendo hallazgos alrededor de las compras estatales para mitigar los efectos de la pandemia. Monitorear avances de la respuesta, datos que llamaran la atención y un seguimiento del gasto público mes a mes. Un examen diario de los gastos gubernamentales. 

El proyecto consistía en la actualización y revisión constante de las compras que el Ministerio de Salud y otras carteras relacionadas hacían para gestionar la emergencia generada por el Covid-19. Plaza Pública usó un recurso que no utilizaba con frecuencia: las noticias cortas y las actualizaciones diarias. Este proyecto, además, permite entender cómo la información puntual distribuida en el momento oportuno tiene la capacidad de generar impacto, como la gota de agua que perfora una piedra no por su fuerza, sino por su constancia. Contrataciones millonarias que se suspendieron, dos viceministros de Salud despedidos, investigaciones penales y otras reacciones que sucedieron en un agitado fin de semana, como resultado de hacer pública información relevante a tiempo real.

En Guatemala, el periodismo de Plaza Pública se caracteriza por su profundidad y capacidad de investigación. Como medio no lucrativo basado en una universidad, ha podido ahondar en temas relacionados a la cooptación del Estado por los poderes privados, así como explicar fenómenos sociales que no son una noticia de emergencia. Es por eso que su proyecto de monitoreo de compras de emergencia presentó un cambio en la forma, pero continuó con la identidad del medio: fiscalizar al poder.

Muchas veces el impacto no está en una acción misma, sino en la capacidad de seguimiento. Con este proyecto aparentemente sencillo, Plaza Pública buscaba aportar a la dinámica de fiscalización de los recursos que en tiempos de emergencia suelen hacer uso de mecanismos flexibles, aquellos que abandonan requisitos de competencia y transparencia para hacer de los contratos con el Estado un trámite más rápido. Esa dinámica de atención constante les permitió publicar información en un momento oportuno y cambiar el curso de la gestión de recursos en un momento urgente y convulso como la emergencia. Especialmente cuando había un silencio de otros medios nacionales.

Teníamos que publicar en tiempo real, mucho más puntual. En una crisis como esta, proteger hasta el último centavo es algo crítico.

Enrique Naveda

La cosecha después de la atención constante

Sí se navega hasta el final de esta noticia se encuentra la primera entrada de este “blog” sobre las compras, fechada el 21 de marzo, cinco días después de que Guatemala registró el primer caso de Covid-19. Dos días después se publica el primer hallazgo: el Ministerio de Salud compraría un medicamento por Q19 millones ($2,45 millones de USD) a pesar de que no existía ninguna evidencia científica de su efectividad para tratar el coronavirus. El medio informó sobre esta compra que no formaba parte de los protocolos aprobados para tratamiento y cómo el Ministerio usaba los mecanismos de adquisición del que permite la declaración de Estado de Calamidad: contrataciones sin que exista un concurso público de ofertas. 

A los seis días llegó el primer fruto de esta cosecha: el Ministerio había anulado esa compra. 

Una historia similar sucedió el 8 de abril, cuando una empresa representada por una exasesora de gobiernos pasados recibió un contrato por Q20 millones ($2,57 millones de USD) para proveer mascarillas. Plaza Pública puso en duda esta adjudicación porque la empresa no contaba con tantas mascarillas en su abastecimiento y al día siguiente la compra fue anulada por el Ministerio de Salud. 

Según Vega, el trabajo se nutrió de un segundo nivel de fiscalización. No solo estar atento a la información de los contratos y la compra, sino indagar en los beneficiarios detrás de ciertas empresas. “La concatenación de contratos individuales te demuestra el sistema de contrataciones y adquisiciones, que es un sistema fallido que no se basa siempre en lo técnico sino que más bien en decisiones políticas o de negocios personales”, explica el periodista. Los contratos no se leen solos, su potencial de entendimiento y conexión de información se logra con información contextual sobre los socios que integran una entidad o los representantes legales de ciertas empresas. 

Entre los compromisos que Guatemala asumió ante el FMI se incluye su compromiso a publicar los nombres de las compañías beneficiarias de contratos para la respuesta al Covid-19 pero también de sus beneficiarios finales. Sin embargo, la información que Plaza Pública utilizó se basa en el Registro Mercantil y los mecanismos ya existentes de consultas pagas. 

Por ejemplo, las investigaciones de Plaza Pública revelaron que Rodolfo Galdámez, quien trabajaba como Viceministro de Salud, continuaba siendo proveedor del Estado a pesar de que existe la prohibición explícita de que los funcionarios lo sean. Solo en el periodo que fungió como funcionario público, el centro de diagnóstico privado en el cual figuraba como titular recibió al menos Q218 mil quetzales en contratos ($28 millones de USD).

Enrique Naveda, el coordinador de Plaza Pública presenta los frutos de estos hallazgos como “una serie de reacciones en contra de la impunidad, que sucedieron en una misma semana”. Una cosecha fructífera. Primero, la Comisión Presidencial contra la Corrupción se comprometió en un programa en vivo a denunciar ante la Fiscalía a dos altos funcionarios responsables por las compras de Q19 y Q9 millones ($3,60 millones de USD en total). Segundo, además de los dos viceministros, la denuncia incluye también a seis funcionarios que trabajaban en el Ministerio de Salud y formaron parte del proceso. Tercero, la Fiscalía declaró que estas acciones ya se estaban investigando de oficio, antes de la denuncia formal, debido a ser del ámbito público.

Según el Comisionado presidencial contra la corrupción, Óscar Dávila, en ambos concursos “prácticamente participan las mismas personas… personas que estaban en la cúpula… vicedespacho y algunas jefaturas relacionadas a las compras”, indicó. 

Lo sistémico en lo minúsculo

Naveda explica que este proyecto se resumía en ver todos los días Guatecompras, el portal de contrataciones públicas, y a partir de esa revisión ir describiendo historias más amplias. Este esfuerzo dio “grandes resultados dada la minúscula magnitud del proyecto”, indica. Al hacer el cúmulo de las contrataciones millonarias que se suspendieron, la influencia directa en la destitución de un viceministro y los insumos para la persecución penal en contra de otro que luego se vio obligado a renunciar, Naveda también resalta un efecto que sucedió meses después: la eventual destitución del Ministro de Salud bajo el cual esto sucedió. 

“No buscamos las decapitaciones de funcionarios. Buscamos el cambio sistémico”, explica Naveda al recordar que cuando estos cambios se dan, las posiciones se vuelven a ocupar y “es esencialmente lo mismo”. 

El entonces ministro de salud, Hugo Monroy, fue cuestionado ampliamente durante su gestión no solo por la estrategia frente a la pandemia, sino por la falta de transparencia del ministerio no solo en cuanto a las compras y contrataciones, sino en cuanto a información clave sobre pruebas, pacientes, fallecidos o contagios y su distribución geográfica en el país. 

En el 2020, la urgencia para atender la pandemia puso énfasis e interés en los contratos y su gestión. Además, “muchos de esos procesos dependen del acceso a datos públicos, como el Registro Mercantil, los protocolos notariales, las composiciones de sociedades anónimas, actas y otros centros de documentación del Estado,” explica Naveda, haciendo la anotación de que no todos ellos son abiertos y que se experimentan cambios, a veces avances pero también retrocesos en la apertura de ellos. 

Según su coordinador, Plaza Pública llegó a este proyecto como resultado del estancamiento de algunas investigaciones que tenía previstas. Se reorientaron hacia la cobertura de la pandemia. Sin embargo, a pesar de que fiscalizar compras pueda ser atractivo, las habilidades específicas de periodistas que tengan experiencia amplia en métodos, datos y registros no es tan común. Por eso el involucramiento de talento periodístico con dicho perfil es vital. 

Y ese es el trabajo que periodistas con un perfil como el de Pavel Vega hacen en este tipo de proyectos. Según él, “fijarse en los detalles, te permite descubrir la gran estructura (de poder) y lo que ésta significa. Y esto se puede hacer después de concatenar cada dato posible”, explica, sobre el proceso de investigación. 

Los riesgos que conlleva el trabajo de hacer públicos los beneficiarios del poder

Esa labor de leer cada detalle, llevó a Pavel Vega a mirar a detalle al funcionario más arriba de la jerarquía, el presidente de Guatemala Alejandro Giammattei, y a su círculo de influencia. A través de sus investigaciones, se cuestionó el vínculo con Miguel Martínez, a quien nombró encargado del Centro de Gobierno y con quien comparte relación como socio en una sociedad anónima. 

Dichos reportajes valieron que Martínez emitiera un comunicado en el que aseguraba que el medio lo amenazaba, interponiendo una denuncia penal en contra por supuesto “acoso, amenaza y extorsión”. En cambio, el órgano de defensa del derecho a la libertad de expresión describió estas reacciones como abuso de poder que obstaculiza la labor periodística y que usa las facultades de derecho penal para castigar la libertad de expresión y formaron parte de una serie de ataques a la prensa dirigidos a integrantes de medios que han fiscalizado esta institución.

Según Vega, periodista que hizo manifiesto los lazos comerciales entre el titular de esta institución y el gobernante, la fiscalización de las compras tiene mayor sentido periodístico cuando se acompaña por la verificación de quiénes son las personas detrás de las empresas que son beneficiadas con contratos. “No soy contralor ni fiscal, pero a través de los portales públicos y otros registros los periodistas podemos descubrir datos cuestionables.” 

Usar los datos en la investigación periodística de las compras públicas es poderoso. Pero cuando se investigan las compras públicas, también se investiga el poder.