Guía metodológica para las contrataciones abiertas: Monitoreo Cívico

Desde la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) elaboramos junto a la Open Contracting Partnership (OCP) una guía metodológica dirigida a organizaciones de la sociedad civil, activistas, o referentes comunitarios interesados en monitorear la ejecución de políticas públicas a partir del análisis de contrataciones abiertas. 

En particular, buscamos socializar una experiencia de abordaje dual, que conjuga el análisis de información pública y relevamientos comunitarios, y que hemos utilizado para medir los impactos de las políticas públicas tomando en consideración las percepciones de los habitantes directamente afectados por ellas.

Las contrataciones públicas representan el mayor mercado mundial para los gobiernos de todo el mundo. Son, sin duda, fundamentales para garantizar el acceso a servicios públicos que mejoran la calidad de vida de los ciudadanos. Sin embargo, estas contrataciones pueden sufrir irregularidades o ser poco claras. Cuando los datos referidos a las contrataciones públicas están abiertos, la ejecución de los proyectos y presupuestos pueden ser rastreados y monitoreados por la ciudadanía. 

Este tipo de acciones permiten identificar, informar e incidir sobre las irregularidades detectadas. Sin embargo, analizar las contrataciones públicas suele ser complejo, especialmente porque el acceso a la información continúa estando, en muchos casos, restringido, desactualizado o localizado en formatos y sitios que dificultan su seguimiento.

Con el convencimiento sobre la relevancia de analizar las contrataciones públicas, entre 2021 y 2023 realizamos un monitoreo comunitario de las obras de integración sociourbana realizadas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en tres asentamientos informales: la Villa 31-31 bis, la Villa 20 y el Playón de Chacarita. Esta experiencia nos llevó a desarrollar esta guía metodológica que busca socializar técnicas y aprendizajes. Esperamos que la información aquí presentada sirva para facilitar otros procesos de monitoreo comunitario, y ayuden a promover una evaluación de las políticas públicas y sus contrataciones, anclada en las necesidades de la población.